¿Venezuela o los Sudetes?

   Hablar de una acción terrorista cometida por un Estado siempre es incómodo, especialmente cuando se trata de una potencia que durante décadas se ha presentado a sí misma como garante del orden internacional, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, la incomodidad no debería ser un motivo para el silencio. La historia demuestra que cuando el mundo acepta sin rechistar determinadas acciones por miedo, conveniencia o interés estratégico, el precio a pagar suele ser mucho mayor a medio y largo plazo.

Quiero dejar claro desde el principio que esta crítica no va dirigida al pueblo estadounidense, entre el que sin duda existen millones de personas decentes, críticas y contrarias a las decisiones de su propio gobierno. Confundir a una población con las élites políticas y militares que toman decisiones en su nombre sería injusto y peligroso. La responsabilidad política es de quienes ostentan el poder, no de quienes lo padecen o lo cuestionan.

Cuando un Estado emplea la violencia fuera del marco del derecho internacional, sin mandato claro de organismos multilaterales y con consecuencias devastadoras para la población civil, resulta legítimo —y necesario— plantearse si ese acto puede calificarse como terrorismo de Estado. El uso del miedo, la destrucción y la fuerza extrema como herramienta política no cambia su naturaleza simplemente porque quien lo ejerce sea una potencia aliada o hegemónica.

La pasividad o tibieza de la comunidad internacional ante este tipo de acciones recuerda inquietantemente a episodios históricos que acabaron en tragedia. La ocupación de los Sudetes por la Alemania nazi fue justificada en su momento con argumentos étnicos, de seguridad y de "protección" de minorías. Las potencias europeas optaron por mirar hacia otro lado, convencidas de que ceder evitaría un conflicto mayor. El resultado fue exactamente el contrario: aquella concesión abrió la puerta a una escalada que culminó en la Segunda Guerra Mundial y en el reparto de Polonia entre la Alemania nazi y la Unión Soviética.

Las analogías históricas nunca son exactas, pero sirven como advertencia. Normalizar la vulneración de la soberanía de otros países, justificar la violencia preventiva o aceptar la lógica de "todo vale" cuando lo hace un aliado poderoso, erosiona los cimientos del orden internacional. Si el mensaje implícito es que la fuerza sustituye al derecho, no debería sorprendernos que otros actores adopten la misma lógica.

En este contexto, la ONU aparece como un organismo paralizado, casi en estado catatónico, incapaz de imponer límites efectivos a las grandes potencias. El veto en el Consejo de Seguridad, concebido originalmente para evitar conflictos directos entre vencedores de la Segunda Guerra Mundial, se ha convertido en una herramienta de bloqueo que impide respuestas firmes ante violaciones flagrantes del derecho internacional. Cuando la ONU no actúa, no solo pierde credibilidad: deja a millones de personas desprotegidas y refuerza la ley del más fuerte.

Resulta especialmente preocupante la doble vara de medir con la que se juzgan estas situaciones. Es legítimo preguntarse qué habría ocurrido si una acción similar la hubiera llevado a cabo Rusia contra el gobierno de Zelenski fuera del marco que ya conocemos. Probablemente, la reacción internacional habría sido inmediata, unánime y acompañada de sanciones, condenas y un discurso moral contundente. Esta asimetría no solo es hipócrita, sino profundamente peligrosa, porque convierte el derecho internacional en un instrumento selectivo y politizado.

Mirando hacia el futuro, el temor a una escalada mayor no es infundado. La historia demuestra que cuando una potencia actúa con impunidad, otras regiones se convierten en escenarios potenciales de nuevas intervenciones. La posibilidad de una ocupación o intervención directa en Cuba, por ejemplo, puede parecer hoy lejana o exagerada para algunos, pero no es impensable en un contexto de radicalización política, discursos agresivos y figuras influyentes que promueven soluciones basadas en la fuerza, eso me hace pensar en Marcos Rubio. Un escenario así no solo sería desastroso para el Caribe, sino que podría desencadenar enfrentamientos de consecuencias imprevisibles.

La lógica del "enemigo" permanente necesita siempre un nuevo objetivo. Cuando se agota uno, se construye otro. Y en ese proceso, las poblaciones civiles vuelven a ser las principales víctimas. Por eso es fundamental mantener una mirada crítica, incluso —y sobre todo— cuando quien actúa es un aliado tradicional o una potencia que controla gran parte del relato mediático global.

Esta crítica no busca el enfrentamiento ni la demonización, sino la responsabilidad. Las grandes potencias tienen una obligación mayor precisamente porque sus actos tienen un impacto global. Cuando fallan, arrastran al mundo entero hacia una normalización de la violencia que acaba por deshumanizarnos a todos.

Ojalá estas preocupaciones resulten infundadas. Ojalá la ONU recupere su capacidad de mediación real, ojalá la diplomacia vuelva a ocupar el lugar que nunca debió perder, y ojalá la historia no vuelva a repetirse bajo nuevas formas y nuevos pretextos. Pero la esperanza, para ser algo más que un deseo vacío, necesita ir acompañada de memoria, crítica y valentía moral.

Callar ante la injusticia nunca ha sido neutralidad; siempre ha sido una forma de complicidad.